Amnistía Internacional, 1995
Las fuerzas de seguridad secuestraron durante el régimen militar que vivió Argentina entre 1976 y 1983 a millares de personas que luego «desaparecieron». A pesar de que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el nuevo gobierno civil de Raúl Alfonsín, registró 8.960 casos de «desaparición», y de que en 1985 la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires juzgó, condenó y sentenció a diversos integrantes de la anterior junta de gobierno y a jefes de la policía por violación de los derechos humanos, hasta hace muy poco tiempo nunca antes los militares habían reconocido responsabilidad directa en el secuestro, detención clandestina, tortura y ejecuciones ordenadas y llevadas a cabo durante aquel periodo.
La CONADEP registró en su informe numerosas entrevistas con testigos, confeccionó una lista de 340 centros secretos de detención y catalogó como casos no resueltos 8.960 «desapariciones», haciendo constar la advertencia de que la cifra real podría ser superior. En el informe había testimonios de supervivientes que denunciban la práctica de las «transferencias», eufemismo utilizado para «exterminio». En el informe de la CONADEP se incluyeron también casos sobre mujeres embarazadas que dieron a luz en centros secretos de detención. A sus bebés se los llevaron y se cree que fueron entregados a matrimonios sin hijos relacionados con las fuerzas armadas o con la policía para que los criaran como propios.
Entre octubre de 1994 y abril de 1995 se han conocido nuevas pruebas de la implicación sistemática de las fuerzas armadas en la violación de derechos humanos durante el régimen militar de Argentina. A pesar de los llamamientos oficiales formulados desde el gobierno para perdonar y olvidar pasados crímenes cometidos contra los derechos humanos, el fantasma de la «guerra sucia» se ha negado a ser enterrado. Tras la indignación pública que suscitaron las recientes declaraciones de anteriores integrantes de las fuerzas de seguridad sobre violaciones de los derechos humanos durante la «guerra sucia», y doce años después del fin del régimen militar, los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han formulado importantes declaraciones en las que admiten, por primera vez, la función que las fuerzas armadas desempeñaron en la violación de los derechos humanos durante los años de gobierno militar.
Amnistía Internacional sigue interesada en que se establezcan las circunstancias sobre la suerte que corrieron los millares de detenidos que «desaparecieron» en Argentina durante la segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta. Amnistía Internacional cree que los familiares de las víctimas tienen el innegable derecho a que se realice una investigación exhaustiva de la verdad sobre el destino de sus seres queridos y a que se hagan públicos sus resultados finales. Las reparaciones legales de esta situación se han agotado en Argentina tras la Ley de Punto Final de 1986, que establecía los plazos en que los tribunales debían concluir sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos; la Ley de Obediencia Debida de 1987, que establecía que los jueces deben aplicar el principio de obediencia debida a todos los oficiales de graduación inferior a coronel, y dar por cerrados los casos que pudiera haber pendientes contra ellos; y los indultos presidenciales de octubre de 1989 y diciembre de 1990. En cualquier caso, Amnistía Internacional, conforme a su línea consecuente de actuación, no ha dejado nunca de reiterar a las autoridades argentinas la necesidad de que se aclare el destino y el paradero de los «desaparecidos».
Este texto resume un documento titulado Argentina: El derecho a saber toda la verdad (Índice AI: AMR 13/03/95/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 1995. Quienes deseen más información o emprender acciones al respecto deben consultar el documento completo.